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11 feb2019

BICEFALIA EN VENEZUELA: ¿JUAN GUAIDÓ PRESIDENTE?

El 23 de enero, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó asumió la Presidencia interina de Venezuela. Ante este movimiento han surgido posiciones a favor y en contra, pero, ¿es realmente constitucional que Juan Guaidó asuma estas funciones?

Siguiendo a Dahl, unas elecciones se consideran democráticas si atienden a ciertos criterios entre los que se encuentran la libertad de oposición y crítica, la libertad de prensa y la igualdad en el voto y en la toma en consideración de las preferencias de los ciudadanos. En este sentido, podemos decir que unas elecciones para ser democráticas deben ser: justas, libres, iguales y competitivas.

Así, la oposición al gobierno de Maduro y gran parte de la sociedad internacional no reconocen las elecciones presidenciales de mayo de 2018 que dieron la victoria electoral a Nicolás Maduro. Los argumentos que esgrimen son: el fraude electoral y la falta de control independiente del proceso electoral, la eliminación de la libertad de prensa, la ilegalización de partidos políticos opuestos al régimen y el encarcelamiento de parte de sus dirigentes.

Aún así, Maduro tomó posesión "el diez de enero del primer año de su período constitucional" (artículo 231 de la Constitución de Venezuela de 1999) siguiendo lo dispuesto en la Constitución. Ese mismo día, la Asamblea Nacional, no obstante, lo declaró como usurpador y no reconoció este acto.

Siguiendo este camino, Guaidó asumió las funciones de Presidente interino trece días después. En su jura, habló del artículo 233 de la Constitución venezolana. En él se afirma que ante la falta absoluta de Presidente o Presidenta de la República antes de tomar posesión, la Presidencia de la Asamblea Nacional asumirá temporalmente este cargo mientras se convocan elecciones en los treinta días consecutivos siguientes.

El artículo 228 de esta Constitución consagra que la elección presidencial debe hacerse mediante "votación universal, directa y secreta, de conformidad con la ley". No obstante, gran parte de la comunidad internacional se unió a la oposición y criticaron la falta de garantías del resultado que se produjo. Esta es una de las grandes razones por la que la Asamblea Nacional, con mayoría de opositores, no considera legítima la toma de posesión. Los opositores y algunos juristas entienden que es preceptiva la aplicación del artículo citado dado que nunca se celebraron unas elecciones democráticas. Por tanto, no existe un Presidente electo y estamos ante una falta absoluta de Presidente.

Otros juristas, sin embargo, entienden que no se cumple ninguno de estos supuestos. En el artículo 228 se citan como faltas: la muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad mental o física y el abandono de su cargo. Así, entienden que no se puede asumir este artículo porque no se dan las condiciones necesarias para que se considere que el Presidente esté incapacitado o que exista absoluta falta del mismo.

En esta posición se encuentra el Tribunal Supremo Venezolano que no tardó en rechazar y condenar la jura de Guaidó como Presidente mientras que apoyaba la Presidencia de Maduro como representante legal y electo. Tanto el Tribunal Supremo (poder judicial) como el poder legislativo, encarnado en la Asamblea Nacional, se configuran en la Constitución como sistema de checks and balances del poder ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, el presidente Nicolás Maduro ha conseguido disminuir el peso que estos tienen como mecanismos de control y equilibrio. De hecho, actualmente existe un control por parte de este sobre el Tribunal Supremo. Citar como ejemplo la declaración de este órgano en marzo del años 2018 afirmando que asumiría las funciones de la Asamblea Nacional por desacato de esta última. Es necesario mencionar que, en algunos supuestos considerados por el artículo 233 de la Constitución, el Tribunal Supremo participa activamente en la destitución del Presidente de la República, por lo que se convierte en un eje clave en el sistema político en este asunto.

Del mismo modo, también se ha producido una dispersión del poder de la Asamblea Nacional que, en cierto sentido, representa la institucionalización del poder de la oposición en las calles. De hecho, tras las manifestaciones en las que decenas de miles de venezolanos pidieron a la Asamblea Nacional más democracia y libertad, el régimen controlado por Maduro decidió convocar elecciones para escoger una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar previamente al pueblo si quería modificar su Constitución en un plebiscito. Este movimiento es simplemente táctico con el objeto de anular el contrapeso y el poder que la oposición tiene en las instituciones.

Sin embargo, el poder de la oposición no sólo se demuestra en la Asamblea, sino también en las calles. De hecho, sólo es necesario observar el número de personas ante las que Guaidó juró su cargo para darnos cuenta del poder que la oposición tiene entre los ciudadanos que, de forma paulatina, han ido perdiendo el miedo a manifestarse en las calles a pesar de la represión con las que son contestadas por parte del Gobierno. Es necesario afirmar aquí que, pese a las libertades y el poder que la Constitución venezolana consagra a los ciudadanos en este sentido, hay que diferenciar la cuestión formal de la material. Un régimen no es democrático porque su Constitución consagre el derecho a la libertad de manifestación (aspecto formal), sino cuando realmente ese derecho puede ejercerse (aspecto material) y, en el caso de Venezuela, ese derecho no existe.

De igual modo, el poder civil de la oposición se manifiesta en las elecciones. No sólo porque existen numerosos partidos opositores que deciden no presentarse a las elecciones por no confiar en el resultado -además de los que no pueden por estar ilegalizados o por tener a sus líderes excarcelados-, sino, también, en los niveles de participación: el dato de participación de las últimas elecciones presidenciales no llegó al 50% de voto. Las elecciones presidenciales son elecciones de primer orden, es decir, de mayor importancia, por lo que la participación en estas se sitúa, por lo general, por encima del resto de elecciones. Sin embargo, a medida que la oposición se ha ido haciendo más fuerte en las calles, la participación en las elecciones legislativas ha ido aumentando al mismo tiempo que desciende en las elecciones presidenciales. Esto nos ilustra acerca del poder de la oposición venezolana entre los ciudadanos y la disminución del apoyo de estos al gobierno de Maduro.

Pero quizá, el momento donde, en mayor medida, se demuestra la fuerza de la oposición entre la ciudadanía se sitúa en el año 2016, cuando Maduro, utilizando canales extraconstitucionales e ilegales, frenó el referéndum revocatorio impulsado por la oposición para decidir su continuidad en el poder.

En palabras de la profesora Carmen Beatriz Fernández, Venezuela ha pasado de ser un populismo autoritario a convertirse en una autocracia. Su única diferencia es que a la segunda le falta el pueblo y, sin autoridad en el pueblo, el único recurso para obtener legitimidad es el uso de la fuerza (Fernández, 2016:s.p).

Otro de los grandes actores dentro del escenario político venezolano es, sin duda, el ejército. Sólo es necesario observar la biografía de Hugo Chávez para delimitar su importancia.

Hugo Chávez, figura esencial para entender la Venezuela de hoy, era un teniente coronel retirado del ejército que, en 1992, intentó dar un golpe de estado fallido contra el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez. En 1998, por cauces democráticos, consigue ser el Presidente de la República cuyo mandato tendrá un gran calado cívico-militar. De hecho, es en este periodo donde la figura del ejército se convierte en esencial. No sólo integra a militares en las filas del gobierno y en altos cargos políticos -que luego hará también Maduro-, sino que, con la Constitución de 1999, se atribuye a la Presidencia de la República el total control sobre el ascenso dentro de la carrera militar, por lo que existen incentivos para ser leal a quien ostente la Presidencia de la República. Del mismo modo, el ejército se convierte en agente socializador a través del que se transmiten valores políticos con la instauración de la educación premilitar obligatoria. Así, el ejército se convierte en un actor político que el poder utiliza para controlar a la sociedad civil, como explicaba la profesora Fernández. Tanto es la importancia del poder militar, que Guaidó ha prometido la aplicación de una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional a los militares. La importancia del control sobre los militares es, por tanto, esencial en esta bicefalia venezolana porque significa mantener el control de la fuerza.

Landazábal afirmó (1993) que cuando existe decadencia del poder económico se produce un debilitamiento del poder militar que se traduce en un mayor peligro de revoluciones y golpes de Estado. No está de más recordar que, más allá del recorte en gasto militar que se produjo el año pasado, Venezuela está pasando por una crisis económica y humanitaria que afecta a gran parte de la sociedad con escasez de productos a elevado precio. Son dos cuestiones muy relevantes que parecen apuntar a una división dentro del ejército por las informaciones actuales, aunque sin grandes movimientos al momento de escribir estas líneas. Será necesario esperar para ver la actuación de los militares porque será clave para decidir el futuro de Venezuela.

 

 

Bibliografía:

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