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28 mar2016

Chile: tiempos de intenso juego político

En 2010 ocurrió algo novedoso en Chile. Sebastián Piñera, líder de Alianza, la coalición de partidos de derecha moderada, constituyó el primer gobierno conservador desde la restauración de la democracia en 1990. Con su llegada a La Moneda –el palacio presidencial chileno– ponía fin a veinte años de gobiernos de Concertación, la coalición de centroizquierda. No obstante, el triunfo del líder derechista duró apenas una legislatura. Y en 2014, la misma líder progresista que abandonó la presidencia en 2006, Bachelet, le desbancó del poder y retomó el bastón de mando.

Bajo ese bastón se encontró un país distinto al que dejó. Su electorado exigía reformas profundas y ambiciosas como nunca antes. Cambios sustanciales en la educación, la economía y la política chilena, que consolidaran avances democráticos sobre los cimientos del viejo sistema que regía desde la era de Augusto Pinochet (1973-1990). Y Bachelet había prometido llevar a cabo reformas legislativas para cumplir las demandas que reclamaban las calles. Se le avecinaba una legislatura exigente.

Dicha legislatura atraviesa justo ahora, en 2016, su primera mitad para entrar en la etapa final. Es el momento preciso para hacer un balance de lo ocurrido y de lo que le espera a Bachelet, a la oposición y a Chile en general.

La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿ha cumplido Bachelet sus promesas?

A día de hoy podemos decir que el gobierno progresista ha desarrollado una gran parte de las reformas troncales que defendió en campaña. En educación, su tema estrella, han sustanciado progresos: han eliminado el copago y las medidas de selección discriminatorias en la educación preuniversitaria e introducido la gratuidad en la educación superior. Todo ello con el sustento de la aprobación de una nueva ley tributaria que financia estas medidas e introduce nuevos mecanismos redistributivos. También ha firmado el ejecutivo entrante una reforma electoral con la que ha mejorado la representatividad del sistema, con especial énfasis en las regiones, elevado la participación femenina y reducido las barreras a las formaciones independientes. Tiene, además, en una fase muy avanzada, una nueva norma laboral que dice perseguir dos objetivos claros: fortalecer la negociación colectiva y prohibir a los empleadores reemplazar a los trabajadores en huelga. Por último, también se han dado pasos en el terreno social. Se ha firmado una ley que permite, por primera vez en el país, las uniones civiles entre homosexuales y otra que despenaliza el aborto en los casos de riesgo de vida para la madre, violación e inviabilidad del feto.

Dejando a un lado la reforma laboral que, a día de hoy, continúa sin poner de acuerdo a los miembros de su partido y que sigue discutiéndose por no contentar ni a empresarios ni a sindicatos, las reformas cuentan en general con el apoyo popular. Las encuestas de opinión revelan que una mayoría social ha aplaudido las reformas en la educación, el sistema electoral y el ámbito social. Además, el gobierno tiene entre manos una ambiciosa reforma constitucional que, a la luz de los sondeos, respalda una amplia suma de los chilenos. Todo ello parecería dibujar un paisaje suficientemente tranquilo y satisfactorio para Bachelet.

Pero, ¿es esto así? ¿En qué momento se encuentra la popularidad de la líder?

La aprobación del gobierno de Bachelet no ha hecho sino caer en picado desde que la gobernante pusiera el primer pie en la sede presidencial. Si bien las reformas han amortiguado un poco su descenso, la Presidenta se ha visto envuelta en asuntos que han hecho caer su rédito hasta cifras históricas. Y claro, de este descenso se ha contagiado la percepción que los chilenos tienen del gobierno en general, sufriendo un deterioro superior al que parecería normal.

El motivo principal del desgaste tiene fundamentalmente un nombre: Caval. Un caso de corrupción que desde que saltó a los medios de comunicación a principios de 2015 no ha parado de abrir los noticiarios y ocupar las portadas de los periódicos hasta los primeros meses del presente año. Los protagonistas de este caso son dos: Natalia Campagnon y Sebastián Dávalos, la nuera y el hijo de la Presidenta. Campagnon fue imputada finalmente en febrero de 2016 pero todas las informaciones apuntan a que Dávalos fue una pieza imprescindible para que su esposa ejecutase el presunto uso de información privilegiada y tráfico de influencias del que se le acusa. Bachelet, por su parte, hizo una gestión deficiente del problema defendiendo a su familia y negando el caso durante los primeros meses.

En el lapso de tiempo que separa el estallido del caso y la imputación de Campagnon –momento en el que la popularidad de Bachelet se precipita al vacío definitivamente–, muchos han sido los intentos por parte de la Presidenta por reestablecer su buena imagen.

Hemos hablado de las reformas, pero otros hitos como el emblemático discurso del 21 de mayo –fecha en la que se realiza la tradicional La Cuenta Anual–  o su solvente respuesta al pronunciamiento del Tribunal de la Haya en contra de Chile en el conflicto que el país mantiene con Bolivia, han constituido solo eso, intentos fallidos por achicar las “aguas bravas” que azotaban su imagen pública.

Ante este escenario, lo razonable sería pensar que la oposición tiene serias oportunidades para superar en votos al bloque gobernante en las próximas elecciones municipales y en las siguientes presidenciales. Sin embargo, la Alianza, renombrada recientemente como Chile Vamos, no lo tiene fácil.

¿Por qué la coalición conservadora no está capitalizando el voto descontento con la gestión de Bachelet?

La respuesta nuevamente tiene que ver con la corrupción. Pero una corrupción que salpica directamente a los primeros espadas de bloque de derechas. El caso Corpesca, el caso Penta, los delitos fiscales y la financiación irregular del partido han llevado a que el fundador y principal líder del partido que capitanea la alianza, Pablo Longueira, haya dimitido. Este acontecimiento ha dejado al partido en suspenso, de modo que hasta Jaime Bellolio, diputado que tenía en mente disputar el liderazgo del partido en mayo, ha decidido postergar dicha decisión hasta 2017.

Esta situación deja también en stand-by a la coalición, encontrándose los partidos aliados ante la disyuntiva de si concurrir juntos a las próximas presidenciales o no. No quieren verse perjudicados por el descrédito social tan profundo que sufre la formación que lidera el bloque. Esta tesitura supone una “bomba de oxígeno” para Bachelet que en las encuestas resiste en cierta medida el pulso con la oposición, estando a estas fechas por encima del bloque conservador, aunque a muy poca distancia.

Pero no hay tiempo que perder y la carrera hacia las elecciones municipales ya ha comenzado. Los partidos que componen tanto el bloque de centroizquierda como el de centroderecha han empezado a elegir a los candidatos que presentarán a las primarias de cada bloque con la vista puesta en el próximo mes de octubre, fecha en la que se celebran finalmente los comicios locales.

¿Cuál es la posición de salida de cada equipo? O mejor, ¿quién está en disposición de ganar las próximas elecciones municipales? ¿Y las presidenciales de 2017?

Las respuestas a estas preguntas superan con creces las pretensiones de este artículo. Aunque a veces no se perciba con claridad, no hay nada que la ciencia política pueda responder de manera rotunda acerca del futuro. La capacidad del bloque conservador de recomponerse y volver a construir un proyecto que dé garantías e ilusione a su nicho de votantes o la lucidez que tenga el oficialismo para elegir a cabezas de cartel conocidos en cada territorio que arrastren un buen número de votos, son algunas de las variables que determinarán el resultado final. A todo ello hay que sumar la habilidad con la que, tanto un bloque como el otro, se distancien de los casos de corrupción que afectan a sus formaciones. Porque un hecho es innegable: las municipales de octubre se leerán en clave nacional y definirán la posición de salida en la que se encontrará cada coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2017. Se esperan meses de intenso juego político en el país andino.

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